
Blog
Our insights

Our insights
¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con las personas que hacen posible que tus residuos se conviertan en recursos? La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado una propuesta histórica de directrices que, de ser aprobadas en noviembre de 2025, podrían transformar la vida de millones de trabajadores del reciclaje en todo el mundo. Hablemos de por qué esto es revolucionario y qué significa para el futuro del trabajo en la economía circular.
El reciclaje enfrenta una contradicción fundamental que la OIT finalmente pone sobre la mesa: mientras se celebra esta actividad como esencial para la sostenibilidad ambiental y la economía circular, ignoramos sistemáticamente que las personas que la hacen posible trabajan en algunas de las condiciones más precarias del planeta. Es una paradoja que refleja nuestras prioridades distorsionadas: valoramos el planeta, pero invisibilizamos a quienes lo cuidan.
En R4S llevamos más de 15 años especializándonos en la promoción de negocios inclusivos en el sector del reciclaje, trabajando directamente con las personas recicladoras de base, sus cooperativas y asociaciones, y sus movimientos reivindicativos. Esta motivación nació cuando, en el marco de un proyecto sobre residuos y reciclaje, nuestro equipo directivo tuvo la oportunidad de conocer a una persona recicladora y preguntarle qué necesidades tenía. Su respuesta fue simple pero profunda: “Dignidad”.
Las cifras que revela la OIT son contundentes, aunque conservadoras: entre 12.6 y 56 millones de personas trabajan únicamente en el reciclaje informal. La amplitud de este rango no es casualidad – refleja cuán invisible es este sector para las estadísticas oficiales. Como señala la propia OIT, “muchas personas trabajadoras del sector son invisibles” porque las encuestas nacionales no capturan a quienes no tienen domicilio fijo o trabajan esporádicamente.

Uno de los datos más preocupantes del informe es la persistencia del trabajo infantil en el sector del reciclaje, una práctica que continúa afectando a miles de menores en todo el mundo.
Nuestra experiencia en R4S ha revelado que el trabajo infantil en el reciclaje existe en un contexto cultural profundamente arraigado, especialmente en Latinoamérica. La mayoría de estos niños y niñas acompañan a sus madres y padres, en una práctica socialmente aceptada que se entrelaza con los roles de cuidado ejercidos principalmente por mujeres.
Un caso que transformó nuestra metodología fue el de Carolina (nombre ficticio), una joven de 16 años en un país latinoamericano. Menor de edad según las normas internacionales, pero madre de familia, casada y considerada adulta en su contexto cultural. Cuando el financiador inicial rechazó incluirla como beneficiaria del proyecto, las propias personas recicladoras nos desafiaron: ¿cómo podíamos excluir a alguien que su comunidad reconocía con plenos derechos y responsabilidades laborales?
Este dilema nos llevó a desarrollar un enfoque más matizado. Ahora, nuestra metodología incluye mecanismos transversales de protección infantil que reconocen las complejidades culturales sin comprometer los derechos de los niños y niñas. Buscamos proporcionar espacios seguros temporales para los y las menores mientras sus cuidadores y cuidadoras trabajan, buscamos implementar programas educativos e incentivos para promover la escolarización, y trabajamos con las familias para encontrar alternativas sostenibles al trabajo infantil.
Según los informes de la OIT, las mujeres representan solo el 22% de la fuerza laboral formal en gestión de residuos. No obstante, nuestra experiencia ha demostrado su participación en el reciclaje informal es mayoritaria en algunos países latinoamericanos, llegando hasta el 80% de las personas participantes. Las mujeres suelen estar relegadas a las tareas peor remuneradas o no remuneradas, recolectando materiales de menor valor y enfrentando riesgos específicos para su salud, que adicionalmente resultan en complicaciones para su salud reproductiva. La invisibilidad estadística de su trabajo es otro síntoma de la marginación que enfrentan.
Los trabajadores migrantes, fundamentales para el sector, tienen tres veces más probabilidades de ser víctimas de trabajo forzoso. Se desplazan de zonas rurales a urbanas o cruzan fronteras, enfrentando barreras lingüísticas, falta de documentación y discriminación sistemática.
Un grupo particularmente vulnerable que las directrices de la OIT buscan proteger son las personas recicladoras mayores. Estos trabajadores enfrentan una triple carga que rara vez se reconoce: el deterioro físico natural dificulta realizar un trabajo que demanda fuerza considerable, la competencia con recicladores más jóvenes que pueden cargar más peso y moverse más rápido, y la ausencia total de protección social para su vejez.
Como exploramos en nuestro artículo “Jerarquías sociales en la economía de la recolección selectiva de residuos”, existe un complejo “techo de cristal” generacional en el sector. Doña Carmen, recicladora boliviana con 13 años de experiencia, nos compartió: “A estas alturas sí ya tengo más experiencia en cuestión de los diferentes materiales que se reciclan, para la separación y la venta igual… por la antigüedad ya te mejoran los precios”. Pero esta experiencia acumulada no se traduce en seguridad para su vejez. Cuando sus fuerzas fallen, no habrá red de protección.
La ironía es cruel: quienes han dedicado su vida a dar un servicio a la sociedad mediante el reciclaje, envejecen sin que la sociedad cuide de ellos. Las directrices propuestas por la OIT abordan directamente esta injusticia, proponiendo mecanismos flexibles de cotización y acceso a pensiones que reconozcan la naturaleza informal de su trabajo previo.
Por primera vez en la historia, se está trabajando en un marco integral específico para el sector del reciclaje. Las “Directrices de política sobre la promoción del trabajo decente en el sector del reciclaje”, que serán presentadas al Consejo de Administración de la OIT en noviembre de 2025 para su aprobación, no son solo otro documento burocrático – representan un reconocimiento formal de que el reciclaje es un sector laboral legítimo que merece protección y dignidad.
Más allá de los derechos, la OIT presenta un argumento económico contundente: la transición a una economía circular podría crear al menos 7 millones de nuevos empleos para 2030. Pero aquí está el punto crucial – estos empleos solo serán verdaderamente sostenibles si son empleos dignos.
El impacto de la formalización en los ingresos es dramático. En Santa Marta, Colombia, un reciclador venezolano que entrevistamos compartió su transformación: comenzó a reciclar en 2017 y, a través del proyecto que ejecutamos, las personas recicladoras se han carnetizado, uniformado y establecido rutas formales. La implementación de una APP que incentiva el reciclaje en los barrios ha promovido la participación ciudadana. “La gente ha empezado a respetar mi trabajo y a interesarse por el mismo”, nos contó. Antes de la formalización ganaba 20 mil pesos; ahora ingresa hasta cinco veces más gracias a la formalización de su trabajo.
El valor de los materiales reciclables se estima en miles de millones de dólares anuales. Sin embargo, quienes están en la base de esta pirámide económica – las personas recicladoras de base – capturan la menor parte de este valor. Las directrices propuestas incluyen mecanismos específicos para cambiar esta distribución inequitativa.

Lo que los gobiernos deberían hacer según la propuesta. Las directrices propuestas no dejan espacio para la ambigüedad. Si se aprueban, los gobiernos deberían:
La responsabilidad empresarial redefinida. Para las empresas que dependen de y además deben incluir materiales reciclados, las directrices propuestas establecerían un nuevo estándar:
El poder de la organización colectiva. Las cooperativas, asociaciones, federaciones y sindicatos de recicladores emergen como actores clave en la propuesta. La experiencia muestra que cuando los recicladores se organizan:
Nuestra experiencia refleja la diversidad global en términos de organización colectiva. En Latinoamérica, el movimiento de personas recicladoras de base lleva más de 20 años construyéndose, con Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador como referentes donde personas y organizaciones líderes han logrado avances significativos en reconocimiento y derechos.
El panorama africano, sin embargo, presenta realidades contrastantes. Mientras algunos países muestran avances organizativos, en otros el trabajo permanece atomizado. Muchas personas recicladoras aún desconocen los beneficios de la asociatividad, reciclando para sobrevivir día a día sobre vertederos a cielo abierto, sin ningún tipo de reconocimiento social, laboral o político.
En este contexto, destacamos el papel fundamental de la Alianza Internacional de Recicladores (IAWP) como movimiento sindical global que da soporte a las personas recicladoras organizadas en todo el mundo, y con quien R4S mantiene una estrecha colaboración.
¿Qué podemos hacer para que estas directrices no queden en papel? La respuesta está en la acción coordinada de todos los actores, y aquí es donde organizaciones como la nuestra juegan un papel fundamental.
El gobierno de Colombia ha creado un sistema de inclusión y formalización gradual que permite a los recicladores formalizar su actividad de forma realista, brindando pasos claros. Todos nuestros proyectos en Colombia se han basado en acompañar a las asociaciones en su adhesión a este modelo.
Bolivia presenta un panorama más desafiante. Estamos acompañando a las asociaciones en el proceso de adhesión a la normativa de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que se está desarrollando. Si bien se aboga por la simplificación de los procesos de formalización, el propio Ministerio ha admitido que existen muchas barreras de entrada pero que es muy complejo cambiar la ley. Nuestro enfoque actual es formar a los líderes para que puedan dar seguimiento a estos procesos de elaboración de políticas públicas, asegurando que las futuras leyes sean realistas y ejecutables por los recicladores.
En Bolivia, la implementación de la REP ha revelado un vacío crítico de información que perjudica el poder de negociación de las personas recicladoras. La norma les incluye pero no obliga a las empresas a trabajar exclusivamente con ellas. Si las personas recicladoras no pueden abastecer o cumplir con los estándares mínimos, quedan fuera del sistema. Estamos trabajando en la formalización de datos para fortalecer su posición competitiva.
El caso de Tarija, Bolivia, ilustra perfectamente este potencial. En su primera venta conjunta en un mes, la asociación vendió a una empresa de otra ciudad que ofrecía mejores precios que los compradores locales. Los resultados fueron impresionantes:
La asociación compró cartón a los socios a 1.2 Bs/kg y lo vendió a 2.5 Bs/kg. El papel pasó de 1.5 Bs/kg a 3.25 Bs/kg. Más del doble del precio en ambos casos.
Este trato no habría sido posible sin trabajo colectivo. Además, la asociación pudo retener un porcentaje para cubrir costos administrativos, creando sostenibilidad organizacional.
La coordinación efectiva requiere reconocer las asimetrías de poder. En los procesos de REP, existe una tendencia a coordinar principalmente con el sector formal por facilidades burocráticas – tienen representantes claros y existen dentro del sistema. Las personas recicladoras, en cambio, muchas veces carecen de documentación o liderazgos nacionales claros.
Nuestros proyectos abordan esta brecha mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas, permitiendo que las asociaciones participen efectivamente en espacios de decisión. El objetivo es la apropiación de procesos y conocimientos, no la dependencia perpetua de intermediarios.
Un desafío crítico, especialmente visible en Bolivia, es el monopolio en la transformación de materiales. Esto limita las mejoras de precio incluso cuando las asociaciones venden mayores volúmenes. La solución a largo plazo es que las propias asociaciones avancen en la cadena de valor, entrando en la fase de transformación para dejar de depender de precios no competitivos impuestos por monopolios. Varias asociaciones ya han comenzado este camino por su cuenta, señalando el futuro del sector.
La propuesta de directrices enfrenta un camino crucial:
Conclusión: El momento de actuar es ahora. Las directrices propuestas por la OIT representan un momento histórico para el sector del reciclaje. Por primera vez, existe una propuesta de marco global que reconoce que no puede haber sostenibilidad ambiental sin justicia social.
La pregunta no es si podemos dignificar el trabajo en el reciclaje – la propuesta de la OIT demuestra que es posible y necesario. La pregunta es si tenemos la voluntad colectiva de apoyar su aprobación y hacerla realidad.
Cada vez que separamos nuestros residuos, cada vez que hablamos de economía circular, cada vez que celebramos las tasas de reciclaje, debemos recordar que detrás hay millones de personas cuya dignidad está en juego. La propuesta de directrices de la OIT ofrece las herramientas. Ahora es labor de todos – gobiernos, empresas, sociedad civil y ciudadanos – abogar por su aprobación e implementación.
El futuro del planeta y la dignidad de millones de personas trabajadoras están intrínsecamente conectados. No podemos salvar uno ignorando al otro.
Bibliografía